La influencia del pensamiento económico keynesiano y neoclásico en las políticas implementadas en México desde las décadas de los 60's y 90's.

A lo largo de los años México ha estado buscando un modelo económico para su beneficio propio.

El modelo económico que México adopta es fundamental para la burocracia y el sector paraestatal del país.  En la década de los noventas los cambios en la administración pública comenzaron a transformase políticamente. Desde el Gobierno de Ernesto Zedillo se empezaron a ver cambios importantes en la transparencia de la administración, la población y mayor capacidad de rendir cuentas.  

Se identificaron tres periodos claramente distinguibles:

1.    La administración pública como vehículo de desarrollo económico

2.    La adopción del modelo de mercado y disminución del papel promotor y director del Estado

3.    El periodo de acercamiento entre el Estado y los ciudadanos mediante la promoción de la transparencia, el énfasis en aspectos de moralidad pública y la rendición de cuentas en la administración pública.

Este periodo abarca desde principios del siglo XX, pero se ha enfocado más en décadas recientes. Se han hecho muchos cambios en la administración pública federal en cada periodo presidencial, los cambios han sido de forma pero no de fondo y responden únicamente a la necesidad de personalizar una forma de gobernar, debido a que cada presidente ha buscado tener un modelo de desarrollo particular.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada. Mientras que  los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

Después de que en 1925 se fundara el Banco de México, entre 1930 y 1950 se consolidaron las instituciones públicas que influyen en la economía y en la sociedad con base a un proyecto de Estado de bienestar. En la década de los treintas fueron creadas instituciones que permitirían la intervención del Estado en distintos ámbitos, algunas de estas empresas fueron las siguientes:

DECADA DE LOS 30’S
Ámbito	Institución.
Energía	PEMEX y CFE.
Sistema Financiero	Nacional Financiera, Pymes y Banobras.
Agrario	Departamento Agrario.
Transporte	Fundación Aeronaves de México y Ferrocarriles Nacionales de México.
Educación	Instituto Nacional de Antropología e Historia, la universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
DECADA DE LOS 40’S
Sector Salud	IMSS, los Institutos Nacionales de Salud, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Hospital Infantil de México, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
DECADA DE LS 50’S Y 60’S
Protección de Trabajadores	ISSSTE, IMSS y el Instituto Nacional de la vivienda.
Cultural y educativo.	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de la Juventud, así como la incorporación del libro de texto gratuito y el Canal 11 de televisión, entre otros.

Esto nos permite ver cuanta era la participación del Estado en lo económico, lo social y lo cultural, entre otros ámbitos,  en México a lo largo de estas décadas y claramente podemos observar que el Estado era el principal representante de la sociedad.

En la década de los 60’s y 70’s el modelo económico que tenía México era muy común en esa época a nivel mundial, el Estado planeaba y dirigía la economía y promovía el desarrollo económico y el bienestar social.

A finales de los 60’s y principios de los 70’s el Estado fue incrementando su control sobre la economía, junto con el gasto directo de las secretarías, el gobierno destinaba un porcentaje alto al sector paraestatal (“el brazo operativo de la intervención en la economía”).

Desde finales de los años 20’s hasta los 80’s, el crecimiento del PIB mexicano ha sido mayor a 14 veces en términos reales, al mismo tiempo que el gasto del gobierno central también creció como porcentaje del PIB, sumando el gasto paraestatal (esta suma es igual al gasto publico), se puede observar que durante el gobierno de López Mateos, el gasto total de esos sectores ascendió al 24% del PIB, en el de Echeverría fue de 31% y en el de López Portillo alcanzó el 50%.

En 1965 se creó la Secretaría de la presidencia que tenía como principal objetivo era determinar la más adecuada estructura de la administración pública y las modificaciones que deberían hacerse en su actual organización para coordinar la acción y acelerar el proceso de desarrollo económico y social con justicia social, introducir técnicas de organización administrativa que resultaran convenientes para alcanzar el objetivo anterior y lograr la mejor preparación del personal gubernamental.

Durante el gobierno de Díaz Ordaz (“El periodo del desarrollo estabilizador”) se creó una comisión de administración pública para llevar a cabo una reforma administrativa, especialmente para el sector paraestatal, pues había crecido demasiado. Después, en el periodo de Echeverría (“El periodo de desarrollo compartido”) el sector paraestatal nuevamente comenzó a expandirse de manera desordenada; al mismo tiempo, los departamentos de Asuntos Agrarios y Turismo se convirtieron en secretarías de Estado para promover el desarrollo económico. Al inicio del sexenio de López Portillo se promulgó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual incorporaba al sector paraestatal como parte de la administración pública federal y, por consiguiente, a la regulación de ese sector. También se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, y desaparecieron la Secretaría de la Presidencia y la inclusión de las cuestiones de los asentamientos  humanos de la Secretaría de Obras Públicas. Tiempo después, en el gobierno de López Portillo, la reforma administrativa promovía que la administración pública se convirtiera en un instrumento para el desarrollo económico y social.

Según la teoría clásica, el Estado debe dejar actuar libremente a los mecanismos del mercado y únicamente concentrarse en las funciones básicas para que las transacciones del mercado puedan llevarse a cabo plenamente. En este caso, el Estado ya no actúa directamente en planificar e impulsar el desarrollo económico. Había una fuerte convicción de que el Estado tenía que mantener un presupuesto equilibrado y ser responsable fiscalmente; debido a esto se desmanteló es Estado de bienestar. El modelo económico del intervencionismo estaba siendo fuertemente cuestionado.

Para resolver una fuerte crisis económica, México adoptó una serie de reformas durante los 80’s. Hubo cambios en el presupuesto designado al sector público que refleja una nueva percepción del Estado disminuyendo su papel y fortaleciendo los mercados. En ese entonces el gasto público representaba un 40% del PNB y a principios del siglo XXI disminuyeron a un 25%.

En la presidencia de Miguel de la Madrid se promovió el desarrollo sustentable y la simplificación administrativa, sin embargo, poco antes de su toma de posesión hubo una fuerte crisis financiera que dejó al país sin los recursos suficientes para pagar su deuda externa. Los demás países se alarmaron pues pensaron que otros países podrían seguir el ejemplo de México, así que Estados Unidos junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) crearon un paquete de rescate económico, pero este paquete no sería gratis, así que el gobierno de De la Madrid tuvo que adoptar ciertas medidas como el control inflacionario, la reducción de los subsidios, entre otros. Se redujo el tamaño de la administración centralizada y el sector paraestatal. Se creó la Secretaría de Contraloría General, cuyo objetivo es establecer políticas que aseguren el óptimo aprovechamiento de los recursos y vigilar que los sectores públicos cumplan con sus obligaciones; además se modificaron tres secretarías, la de Patrimonio y Fomento Industrial se convirtió en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; la de Comercio en la de Comercio y Fomento Industrial y la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología.

A causa de las dificultades por las que se estaba pasando, De la Madrid convocó a las diferentes partes a firmar el Pacto de Solidaridad Económica, en donde los diferentes sectores se comprometían a seguir políticas de austeridad. También, en este periodo, se hizo énfasis en la importancia de la moralidad en el desempeño de la función pública, por lo cual se creó la Secretaría de la Contraloría General de la República y se destacó la relevancia de la simplificación administrativa como mecanismo de mejora de la función pública.

En los 90’s los organismos financieros internacionales se convirtieron en los principales delineadores de la política económica global. Se hizo un listado de políticas denominado “Consenso de Washington”. La tendencia hacia una economía de mercado se acentuó en el periodo de Salinas de Gortari. Salinas emprendió dos proyectos importantes durante su sexenio: la estabilización macroeconómica del país y la “Reforma de Estado”, que traía consigo implementar un nuevo modelo denominado “liberalismo social”.

En los gobiernos siguientes se reveló una vez más la preocupación por la transparencia en el ejercicio de la función pública y la ética en el desempe­ño de la misma. Así, se observa una segunda generación de reformas que buscaron: 

1.    El fortalecimiento de la rendición de cuentas

2.    Un mejor acceso a la información

3.    La profesionalización del servicio público me­diante la consolidación del servicio de carrera

4.    El combate a la corrup­ción

5.    La evaluación del desempeño de los funcionarios pú­blicos, así como de los programas de gobierno

El contexto político resulta de particular importancia para entender el proceso de transformación de la administración pública federal en los años ochenta y noventa. El país experimentaba una competencia política crecien­te en la cual los partidos de oposición estaban logrando contender de ma­nera real contra el poder hegemónico del que había gozado el Partido Revo­lucionario Institucional (pri) durante muchas décadas (Loaeza, 1994; Díaz Cayeros y Magaloni, 2001). En 1988, el Partido Acción Nacional (pan) logró la victoria en la contienda por la gubernatura del estado de Baja California, mientras que en 1997, el pri perdió la mayoría absoluta de la que gozaba en la Cámara de Diputados y en el gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, en el año 2000, Vicente Fox del pan consiguió ganar la Presidencia en una elección relativamente reñida. Asimismo, el objetivo primordial de las reformas administrativas lleva­das a cabo era recobrar la confianza ciudadana en las instituciones adminis­trativas, acortar la marcada distancia entre Estado y sociedad, así como ami­norar el escepticismo de los ciudadanos respecto a los órganos de gobierno y estimular de manera más clara los límites de la actividad del Estado.

El gobierno de Zedillo (1997-2000) le atribuyó particular im­portancia a la modernización de la administración pública, con miras a fo­mentar la dignidad y profesionalización de la función pública y a combatir la corrupción y la impunidad prevalecientes en el sector público mexicano.

Para ello presentó el Programa de Modernización de la Administración Pú­blica 1995-2000 (Promap), el cual promovió en particular:

1.    La participa­ción y atención ciudadana

2.    La descentralización y desconcentración ad­ministrativa

3.    La profesionalización y promoción del comportamiento ético del servidor público

4.    La medición y evaluación de la gestión pú­blica.

En primera instancia se promovió la descentralización adminis­trativa, así como la profesionalización de los servidores públicos mediante el establecimiento de un servicio profesional de carrera que permitiría aprove­char el capital humano de los servidores públicos adquirido a lo largo de sus años de experiencia. Finalmente, se procuró modernizar la gestión pública al consolidar la medición del desem­peño y la rendición de cuentas con el fin de asociar el cumplimiento de las demandas sociales respecto de la provisión de servicios públicos y evaluar el impacto de los programas sociales implementados por el gobierno.

La Agenda de Buen Gobierno (agb) fue sin lugar a dudas cardinal en el gobierno del presidente Fox. Dicha agenda se llevó a cabo por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental (oig) —la cual dependía directamente del Ejecutivo. Los planteamientos de la agb pueden resumirse en seis áreas fundamentales: tres que atañen los procesos y tres enfocadas a la mejora de resultados.

Primero, se estableció la necesidad de que el go­bierno gaste menos, de tal modo que las dependencias logren alcanzar me­jores resultados con un presupuesto menor. Segundo, se buscó la mejora en la calidad del gobierno para poder cumplir e incluso superar las expec­tativas de los ciudadanos. Tercero, se pretendió profesionalizar el gobierno atrayendo y reteniendo a los mejores funcionarios por medio del estableci­miento del servicio profesional de carrera en las entidades públicas. El ser­vicio profesional de carrera permitiría seleccionar a los mejores candidatos para la administración pública y establecer un crecimiento escalonado den­tro de la estructura que respondiera a las capacidades demostradas por los funcionarios. El objetivo primordial era crear un cuerpo de especialistas dentro de la administración cuya experiencia y conocimiento aseguraran la continuidad institucional y un mejor manejo de las funciones de la misma. Cuarto, se procuró digitalizar al gobierno, de manera que los ciudadanos tuvieran fácil y rápido acceso a la información y a los servicios públicos disponibles. Quinto, se buscó desregular al gobierno para disminuir la car­ga burocrática para los ciudadanos al momento de llevar a cabo un trámite. Finalmente, se estableció la necesidad de tener un gobierno honesto y transparente capaz de inspirar confianza en los ciudadanos. Al mismo tiempo, fue encomendado a la Secretaría de la Función Pú­blica el Sistema de Evaluación y de Metas Presidenciales. Esta medida en­frentó muchas dificultades, ya que las propuestas antes mencionadas te­nían objetivos distintos, lo cual complicó la coordinación al mismo tiempo que disolvió responsabilidades entre los encargados del proceso de moder­nización.

 En la práctica, se propuso la formación de una serie de agencias admi­nistrativas que se integrarían a la estructura por encima de las secretarías de Estado. La motivación principal de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Vicente Fox era recuperar la confianza de los ciudadanos al promover la eficiencia del gobierno, la transparencia y un mejor entendimiento de las necesidades ciudadanas. Desafortunadamente, tanto la mala planeación como la duplicación de funciones con metas dife­rentes no permitieron alcanzar los objetivos perseguidos.

A fin de contrarrestar la corrupción prevaleciente y la falta notoria de confianza de la ciudadanía, una medida sin lugar a dudas importante fue la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ifai) y la promoción en general de una mayor transparencia del quehacer polí­tico. El Congreso aprobó, en julio de 2002, la Ley Federal de Transparen­cia y Acceso a la Información. Esta iniciativa clara­mente estaba encaminada a recobrar la confianza de los mexicanos y esta­blecer un contrapeso a los posibles abusos por parte de ciertos funcionarios o instituciones.